Dilemas éticos entre los valores personales y la actuación profesional exigida en las instituciones (Caso práctico)

 Para entender el posible dilema ético que vengo exponiendo a lo largo de mis exposiciones en este blog, he buscado información acerca de la realidad que se está viviendo en muchos de los Centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social. Esta entrada está dedicada a entender la realidad emergente que muchos menores de nuestro país están viviendo y no somos conscientes de su situación.

En un informe monográfico redactado por “El Defensor del Pueblo” nos informa acerca de la realidad de estos centros, donde se pretende mostrar las condiciones de aquellos jóvenes que están ingresados en centros de acogimiento residencial por tener graves problemas de inadaptación familiar y social, vinculados muchas veces a trastornos de conducta o incluso a patologías psiquiátricas. Estas situaciones de inadaptación se asocian con frecuencia a los denominados trastornos de conducta, y se caracterizan por un patrón de comportamiento disruptivos que vulneran las normas usuales de la convivencia así como los derechos de otras personas. Manifestaciones típicas de esos comportamientos suelen ser:

-       La indisciplina y el fracaso escolar

-       El acoso o maltrato entre compañeros por abuso de poder o “bullyng”

-       La escasa o nula tolerancia a la frustración

-       Los desmanes asociados al “botellón” y/o el consumo de estupefacientes a edades tempranas

-       La proliferación de bandas juveniles

-       El mantenimiento de conductas singularmente exacerbadas y agresivas dentro de la familia. 

Este informe ha sido redactado tras las diversas quejas no solo de los padres, que piden el logro de una adecuada rehabilitación, sino también por parte de los educadores y Equipo Técnico, que trabajan o trabajaron en estos centros denunciando las irregularidades, e incluso vulneraciones de derechos, que presuntamente se estaban cometiendo en algunos de esos establecimientos, tales como prohibir a los menores la asistencia a un centro educativo, administrarles medicación contra su voluntad y sin la debida prescripción médica, o imponerles como castigo medidas de contención o de aislamiento.

En toda España existe un total de 58 centros, de los cuales la mayor parte de los recursos para la atención de estos menores están gestionados por entidades privadas que mantienen conciertos con las administraciones públicas competentes. En el momento de la elaboración del presente informe, 41 entidades privadas gestionaban 55 de los 58 centros existentes. Sólo en 3 casos la gestión se lleva a cabo de forma directa por la Administración pública. De tal modo que existe una diversidad de programas de intervención que se desarrollan en estos recursos, haciendo que los programas no respondan a una planificación previa por parte de la Administración basada en las necesidades de los menores, sino que se deriva en función de las plazas vacantes y no según las indicaciones clínicas o diagnósticas. A lo que respecta, el equipo técnico de muchos de los centros visitados mostraba su preocupación tanto por el incremento de menores que precisan una intervención más especializada, como por la escasez de recursos existentes, señalando que hay un gran número de menores que circulan de centro en centro y no acaban de encontrar una respuesta acertada a sus necesidades.

Algunas de las medidas que se utilizan para impedir o detener una acción violenta de los menores que pudiera resultar peligrosa para ellos mismos o para otras personas, cuando no estén dispuestos a cesar en su actuación, algunos centros aplican medidas de contención a los adolescentes, que pueden consistir en la contención física, la contención mecánica y el aislamiento o separación del grupo.

La contención física supone la aplicación de medidas de control físico ante las acciones violentas de los menores. En la mayoría de los centros se realizan contenciones físicas, y en el 75%, se les suministra tratamiento farmacológico. E incluso, a veces, recurren en ocasiones a la contención mecánica, consistente en amarrar al menor a la cama con mecanismos especiales, para evitar que se pueda mover. A lo que algunos directores de los centros manifestaron que las contenciones se realizaban mediante la inmovilización física del menor mediante un “abrazo” para pacificarle. Sin embargo, algunos menores señalaron que éstas se realizan manteniendo al niño/a contra el suelo y bocabajo, y con un exceso tal de agresividad que, en ocasiones, provoca lesiones físicas. Aunque las contenciones físicas han de limitarse a momentos puntuales de agitación grave y en ningún caso deberían usarse como sanción, en muchos centros, los menores se quejaban ante la  cotidianeidad con el que se realizan. Y a lo que se suma, que en algunos casos, esas contenciones son practicadas por educadores que carecen de formación para realizarlas.

Más de la mitad de los centros disponen de celdas de aislamiento activas, las cuales son verdaderamente atroces. Estas son nombradas como “sala de agitación”, “sala de reflexión”, “sala de tiempo fuera”, “espacios libres de estímulos”, “salas de baja estimulación”, etc.; con portones blindados de hierro y paredes forradas con caucho o goma de color negro, sin ventilación ni comunicación alguna al exterior, en las que los menores pueden permanecer recluidos por tiempo indeterminado, y cuyo uso es defendido por algún especialista con fines  clínicos o de seguridad. Así lo denominaban algunos mentores tras intentar justificar esta práctica: “se trata de que el niño toque fondo, de anular del todo su resistencia”.

Un instante de permanencia en el interior de esas terribles “salas” permite confirmar que su utilización nada tiene que ver con una actuación terapéutica, y que atentan no sólo contra la salud psíquica de los menores sino también contra su dignidad. Tan honda puede llegar a ser su soledad, que los niños, antes de entrar en esas celdas, reclaman a veces una medicación que les ayude a soportar la angustia del emparedamiento. 

Además, aunque todos los centros aseguraron que la medicación sólo se dispensa con el consentimiento del menor, solo uno centro matizo “con excepciones”. Sin embargo, menores de distintos centros se quejaban de: estar sobremedicados, que cuando se niegan a tomar fármacos o tienen alguna “crisis”, se les inyecta la medicación; o que se les obligase a tomar la medicación aún cuando se nieguen a ello. Algunos educadores manifestaron que normalmente los menores llegan al centro muy medicados –“sedados”- lo que, además de ser perjudicial para ellos, dificulta sumamente el trabajo con los niños.

La mayoría de estos centros aplican sistemas de intervención inspirados en el modelo conductista, favoreciendo que los profesionales en vez de tener una labor educativa-terapéutica pasen a ser meros controladores del cumplimiento de una serie de normas y reglamentos internos -más o menos rígidos, según cada centro- y del suministro de pastillas.

Por ello debemos preguntarnos, partiendo de un axioma cierto como el de que toda conducta responde a una motivación previa, ¿son violentos los adolescentes y por eso les aplican métodos agresivos, o bien, porque les aplican reglamentos rigurosos y agresivos, que ninguna persona normal soportaría, los adolescentes pierden los estribos y el respeto al tratamiento? Una de las palabras de un niño entrevistado en uno de los centros fue: “Cuanto más violentamente me tratan, más violento me vuelvo” y “Cuanto mejor me tratan y más querido me siento, más hago por portarme bien”.

Cuando la violencia es respondida con mayor violencia, hace que los menores sean más rebeldes, y si finalmente esta es abatida por la fuerza se estará creando un círculo vicioso de violencia, que hará imposible el cumplimiento de la finalidad educativa. La necesidad de someter a los menores, aunque sea utilizando la fuerza, lleva a cuestionarme que tiene de ético este tipo de actuaciones, como es por ejemplo, la contención, o en el caso del aislamiento y la administración de fármacos por la fuerza. Si realmente lo que se quiere es  el beneficio de los menores, porque debemos reducir su dignidad o autonomía casi como si fuesen criminales, solo por el hecho de que muchos de ellos vienen de ambientes familiares hostiles y solo conocen la parte más amarga de la vida.

Por ello, como trabajadores/as sociales debemos cuestionarnos si realmente este tipo de prácticas son de índole ético y si alguna vez llegamos a trabajar en una organización donde contemplemos este panorama preguntarnos ¿Qué debemos hacer? Pues muchas veces preferimos negar la realidad que tenemos delante o incluso llegar a ser cómplices sin saberlo o simplemente abandonar aquello que nos provoca malestar, por el mero hecho de no querer asumir la responsabilidad de cambiar tales circunstancias ya sea por miedo o por pasividad. Por eso, creo, que si alguna vez se me plantea un dilema ético entre lo que son mis valores personales y la actuación profesional exigida por las instituciones u organismos, estaré experimentando uno de los dilemas éticos más difíciles de resolver. 

Andrea García García, 3ºA1